En el fondo, se trata de atender el principal daño provocado por años de descuidos sobre la seguridad desde 1976 en que aparecieron los primeros datos de ocupación territorial de narcos en zonas rurales. Hoy cobra singular importancia aquel desplegado público de los obispos del sur de la república en abril de 1984 denunciando la presencia de narcos en comunidades abandonadas por el Estado y cuya difusión multiplicó el columnista Manuel Buendía, en Red Privada de Excelsior, hasta su asesinato en mayo de ese año.

A pesar de las denuncias y las evidencias de la penetración de los narcos en el tejido rural y semiurbano, la respuesta estatal fue de apatía, si no de complicidad. En 1984 comenzó a desarticularse la cohesión política; Buendía reveló indicios de que las bandas de narcos ya habían comprado a policías municipales, estatales, federales e inclusive la entonces policía política para la seguridad del Estado, la Dirección Federal de Seguridad, ya estaba al servicio del crimen organizado.

El colapso ocurrió en 1985 con el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y la presión estadunidense encabezada por el embajador John Gavin en contra de esas complicidades, lo que llevó a la caída del entonces jefe de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez, aunque en el fondo Gavin y la CIA estaban furiosos con Zorrilla porque había abandonado su relación con la CIA y había preferido acuerdos con el KGB soviético y sobre todo la poderosa y eficaz Stasi de Alemania Democrática, entonces bajo el dominio soviético. El presidente De la Madrid y su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, eludieron la limpia, disolvieron la DFS y crearon la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, posteriormente convertirá por el gobierno de Salinas de Gortari en Centro.

La revisión de esa historia nada secreta tiene que ver con la consolidación de las bandas del crimen organizado y su control de zonas territoriales. Los gobiernos estatales afectados por esos años por el narco --Sonora, Sinaloa y Jalisco, además de los municipios de Ciudad Juárez y Matamoros-- esquivaron su responsabilidad bajo el argumento de que el narcotráfico --sólo trasiego, entonces-- era responsabilidad federal, con la circunstancia agravante de que los organismos policiacos federales también estaban denunciados de servir al narco.

En este sentido, la crisis económica y sus efectos sociales el desempleo y pérdida de bienestar fueron un efecto colateral en la ampliación de actividades criminales; el punto central se localizó en el hecho de que los narcos habían cooptado --para decir lo menos-- a autoridades municipales, estatales y federales. De 1984 al 2000, las policías abandonaron sus tareas de persecución del delito y se dedicaron a pactar con criminales, con el dato adicional de que el propio sistema político priísta perdió su funcionalidad federal.

El efecto más pernicioso del debilitamiento del sistema político priísta --acelerado por el fin del ciclo de los burócratas en 1982 y el comienzo del periodo de los tecnócratas-- fue la balcanización de la república, es decir, la autonomía relativa de los gobiernos estatales y municipales del centralismo; paradójicamente, la democratización regional le restó autoridad al gobierno federal y al presidente de la república.

El sistema político priísta estaba estructurado en torno a tres subsistemas: el sistema óseo con el PRI como la fuerza republicana, el sistema nervioso basado en el papel central del presidente dela república y el sistema sanguíneo con la política presupuestal promotora del desarrollo federal. La crisis del sistema político en 1976 con el final de gobierno de Echeverría y el agotamiento de la vieja clase política en su etapa burocrática provocó la desarticulación de la república o el desmembramiento del federalismo centralizado. En esos años, de 1976 al 2000, el crimen organizado tomó el control ya no sólo político sino territorial de partes de la soberanía del Estado nacional, a veces con las complicidades políticas y gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

El gobierno de Felipe Calderón analizó bien la realidad cuando se encontró que los narcos dominaban espacios territoriales y comenzó en Michoacán la ofensiva de persecución contra los narcos; le faltó, en efecto, la prevención. Hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto supo leer estratégicamente la crisis de seguridad: cuando la seguridad pública afecta la seguridad interior y ésta como una parte de la seguridad nacional, y de ahí su propuesta de una comisión intersecretarial para operar sobre el bienestar social.

Pero falta la tercera fase: la rearticulación de la república, el acotamiento de la balcanización regional y la reestructuración de los tres subsistemas del sistema político priísta. Y para ello se requiere de partidos políticos integradores, de la reactivación del federalismo visto con el enfoque de la seguridad nacional y el afinamiento de los cuerpos de seguridad federal, además de decisiones que obliguen a los estados y municipios a modernizar sus cuerpos de seguridad y sus compromisos con la sociedad.

El resultado más dañino de la balcanización de la república se observa en la falta de compromiso de los gobiernos municipales y estatales con la doctrina federalista y las complicidades prevalecientes en muchas regiones entre las autoridades con las bandas criminales. Los cárteles que alientan el consumo regional, que cobran derechos de piso y que se mueven a la luz del día ante la incapacidad de los gobiernos revelan --ahí sí-- los perfiles de un Estado fallido, sobre todo cuando la sociedad tiene que auto defenderse con agrupaciones irregulares, sin experiencia y violatorias de derechos o de plano acepta el dominio criminal.

Sin una acción articulada de los tres vértices de la inseguridad, el país estará lejos de restaurar la viabilidad del Estado nacional.